Las entidades financieras (bancos, y todas las cajas) desde hace años, pero sobre todo desde 2009, iniciaron una avalancha de venta masiva de participaciones preferentes, emitidas por ellos mismos a sus propios clientes colocándolas como si fueran depósitos rescatables en cualquier momento, cuando en realidad eran productos sin vencimiento y, por tanto, con un elevado riesgo de liquidez y de variación de precio.
Los consumidores, sin saberlo, asumieron los riesgos de una deuda ultra subordinada. En caso de quiebra de la entidad serán los últimos en cobrar en el concurso de acreedores. Además la remuneración de estos productos no estaba asegurada.
Esta falta de información o incluso de camuflaje como si fuera otro producto más seguro, se hizo más flagrante, cuando la mayoría de titulares eran gente ahorradora y de edad avanzada (80-90 años), que no tenía un perfil para asumir el riesgo financiero.
La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores), las define como un instrumento financiero complejo y de riesgo elevado. Así pues, todos los comercializadores debían cumplir con la normativa europea MiFID (test de conveniencia al consumidor para conocer su perfil de inversión) y advertir expresamente sus riesgos: iliquidez, rentabilidad no garantizada y posibles pérdidas cuantiosas en el capital invertido. L'OCUC ha podido contrastar que determinadas entidades financieras no han cumplido con esta obligación y han ofrecido información incorrecta a clientes con conocimientos mínimos o nulos sobre inversión.
Desde L'OCUC preparamos a los socios reclamaciones a las entidades financieras por la comercialización de estos productos debido a la falta de información.
En caso de ser necesario, L'OCUC abrirá vía judicial (demandas) a todos los interesados.
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Desde aquí queremos iniciar una campaña para agrupar a todos los afectados de las participaciones preferentes
